Toluca, Méx.- PAN y PRD, a través de Viridiana Fuentes Cruz, plantearon sanciones de cuatro a ocho años de prisión en contra de que quien cometa el delito de violencia vicaria; penas que podrían ser superiores a los 10 años de prisión si se incurre en daño a los hijos de la víctima, personas adultas mayores, con discapacidad o en situación de pendencia, así como a mascotas con las que la mujer tenga una relación afectiva.
Las reformas al Código Penal del Estado de México proponen que si el agresor devuelve a los menores a la madre durante el proceso, la pena podrá reducirse de uno a cinco años de prisión, aunque el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima e hijos; el delito se perseguirá de oficio.
También propone penas de tres a ocho años de prisión, destitución e inhabilitación de seis a 10 años para desempeñar otro cargo, al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, cuando se trate de la investigación de un delito de violencia vicaria, sustracción de menores o violencia familiar.
Además, con adecuaciones al Código Civil de la entidad se busca que la patria potestad se pierda por resolución judicial por el ejercicio de cualquier tipo de violencia en contra de los hijos menores, siempre y cuando no se hayan cometido otro tipo de delitos en agravio de los menores, aunque se podrá recuperar mediante valoraciones psicológicas y de trabajo social.
La iniciativa contó con la colaboración del colectivo Cam Cai y el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.
Van por reformas para sanear finanzas del Issemym
Ingrid Schemelensky Castro y Enrique Vargas del Villar propusieron reformas para evitar que causen recargos y actualizaciones el pago de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), debido a la inscripción retroactiva de algún servidor público a consecuencia de un laudo laboral.
La propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y al Código Financiero del Estado de México y Municipios está encaminada a atender la problemática presupuestal que genera la orden de los tribunales laborales para reinstalar a un servidor público debido a un laudo laboral, porque durante el periodo de la demanda la institución no cumple con las aportaciones correspondientes toda vez que dicha persona no estaba en funciones.
De acuerdo con la propuesta, instituciones gubernamentales estatales o municipales deben al Issemym más de cinco mil 215 millones de pesos.
